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Sub-Sedes y Delegaciones
NUEVO!
    

CUOTAS DE LOS COLEGIOS PRIVADOS. Fuente Ministerio de Economía


Aumentos en las Cuotas de los

Establecimientos Privados:

¿Cómo y Cuándo son Legales?

 

 

Durante el año 2005 distintas jurisdicciones provinciales han decidido otorgar y/o autorizar incrementos en los salarios del personal docente.

 

Respecto de la enseñanza privada, esta situación ha llevado a que los costos laborales (y por ende también los totales) de los establecimientos privados se vieran incrementados llevando a que la gran mayoría de las escuelas introduzca aumentos en la cuotas que perciben como contraprestación por sus servicios.

 

Estos incrementos en los valores de los aranceles o cuotas han generado preocupación en muchos padres que han efectuado variadas consultas sobre esta temática.

 

Esta nota tiene por objeto aclarar a la comunidad las dudas existentes y dar a conocer la normativa vigente en la materia, particularmente respecto de la oportunidad de introducir modificaciones en los valores de las cuotas, el deber de informar a los padres que tienen los establecimientos así como también de otros derechos y obligaciones.

 

La Normativa Aplicable:

 

     

  1. El Decreto Nº 2417/1993 y el Deber de Información
  2.  

     

    El citado Decreto establece que los institutos de enseñanza comprendidos en el Decreto 2.542/91 (es decir aquellos que reciben subsidio estatal) cualquiera sea su jurisdicción, deberán informar fehacientemente por escrito a los padres o responsables de los alumnos, antes del 31 de octubre de cada año y para el período lectivo siguiente:

     

    a) el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en el caso que la hubiese, y condiciones de reintegro de la misma en caso de arrepentimiento;

     

    b) la cantidad de cuotas totales por servicios educativos, que se percibirán únicamente durante el año lectivo, con discriminación de conceptos

     

    c) el monto de cada una de las cuotas, que serán mensuales, iguales y consecutivas;

     

    d) la forma y plazo de pago y determinación de los recargos a aplicar en caso de mora.

     

     

    Respecto de los institutos privados no comprendidos en el Decreto 2542/91(esto es, escuelas que no gozan de aporte o subsidio estatal), a partir del ciclo lectivo 1995, el citado Decreto previó que dichas instituciones deberán informar a los padres o responsables de los alumnos antes del 1º de octubre de cada año el contenido del contrato de enseñanza que regirá en el ciclo lectivo para el cual se anuncia, contenido que deberá contener como mínimo lo requerido en los ítems a) a d), anteriores especificados para los establecimientos con subsidios.

     

    Asimismo, antes del 31 de octubre de cada año, los colegios deberán presentar ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor (heredera de las funciones en esta materia de la Ex - Secretaría de Comercio e Inversiones) una copia del contrato de enseñanza mencionado. Los establecimientos educativos, bajo declaración jurada, deberán acreditar que el contrato educativo cuenta con la conformidad de la mayoría de los padres o responsables de los alumnos que concurran al establecimiento. En el caso de no tener la conformidad requerida se deberán mantener los valores correspondientes al 30 de noviembre del año anterior.

     

    Debe destacarse que existe una obligación adicional para los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada que consiste en que deberán exhibir permanentemente en sus instalaciones, en un lugar destacado y visible, copia del Decreto.

     

     

  3. El Decreto Nº 2417 y las disposiciones sobre aranceles
  4.  

     

    Un punto muy importante del citado Decreto es que establece como regla general que el monto de los aranceles no podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo para el cual fue anunciado, y permanecerá invariable hasta su conclusión, con excepción de lo previsto en el art. 9º de la norma (y que a continuación detallaremos) y de las reducciones que el establecimiento pueda disponer.

     

    El artículo 9º establece como excepción a la regla general de que no se pueden aumentar los aranceles durante el ciclo lectivo, los incrementos salariales que se vean obligados a otorgar a su personal docente.

     

    Esto significa que los únicos incrementos justificados durante el ciclo lectivo en los valores de las cuotas son aquellos originados en incrementos a los salarios del personal docente.

     

    La pregunta inmediata que sigue es: ¿Cómo saben los padres cuál es la incidencia que tiene el costo salarial docente sobre el valor de las cuotas y por ende, cómo estar seguros de que el incremento en las cuotas son los que corresponden según la normativa vigente?

     

    Para evitar inconvenientes de orden práctico insalvables el Decreto estableció una presunción que sirve de orientación o guía, salvo prueba en contrario. En efecto, la norma dispone que a los efectos de determinar el incremento que corresponde en el valor de la cuota, se presume, salvo prueba en contrario, que el costo laboral tendrá una participación del cincuenta por ciento (50 %) respecto a la cuota del establecimiento. Este porcentaje será del 60 % para los establecimientos comprendidos con subsidio estatal y del 70 % para las escuelas de educación especial.

     

    En términos prácticos lo anterior implica:

     

    a) (Establecimientos sin subsidio). Los colegios sin subsidio, pueden aumentar la cuota en un porcentaje igual a la mitad del porcentaje en que aumentaron los salarios que deben pagar a los docentes. Por ejemplo: si en un colegio sin subsidio el costo salarial se incrementó en un 10 %, la cuota sólo podrá ser incrementada en un 5 %.

     

    b) (Establecimientos con subsidio). Los colegios que reciben subsidio estatal, pueden aumentar la cuota en un porcentaje igual al 60 % del porcentaje en que aumentaron el salario a sus docentes. Por ejemplo, si un colegio con subsidio aumentó el salario a sus docentes en un 10 %, la cuota podrá ser incrementada en un 6 %.

     

    c) (Establecimientos de educación especial). Estos institutos pueden incrementar el valor de la cuota hasta en un 70 % del porcentaje en que aumentaron el salario a sus docentes. Por ejemplo, si un colegio con subsidio aumentó el salario a sus docentes en un 10 %, la cuota podrá ser incrementada en un 7 %.

     

     

    Debe destacarse que cuando por incumplimiento de las normas del citado Decreto se hayan percibido importes en exceso, los mismos deberán devolverse o acreditarse a favor de los padres o responsables de los alumnos.

     

     

  5. La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor
  6.  

 

El contrato de servicio educativo también se rige por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. En el caso que nos ocupa (esto es para juzgar sobre cuestiones vinculadas con el elemento "precio" del contrato) las autoridades de aplicación de la Ley 24.240 tienen que integrarla, en virtud de lo establecido en el artículo 3 ° de la propia ley, con el Decreto 2417/93, que regula la materia de que estamos tratando. Dicho en otros términos, los colegios no pueden aplicar aumentos mayores que los autorizados por este decreto vigente, y, si lo hacen, estarían en infracción al artículo 19 de la Ley 24.240, -incumplimiento en la prestación del servicio (sin perjuicio de otras infracciones que puedan cometer, por ej. al artículo 4° por informar un precio no veraz), haciéndose pasible de las sanciones previstas por la citada norma.

 

 

 

ANEXO – Artículos 8 y 9 del Decreto 2417/93

 

"Art. 8° - El monto de los aranceles no podrá ser modificado durante el transcurso del año lectivo para el cual fue anunciado, y permanecerá invariable hasta su conclusión, con excepción de lo previsto en el artículo 9° y de las reducciones que el establecimiento pueda disponer."

 

"Art. 9° - Los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada podrán prorratear entre los matriculados, en forma proporcional a los aranceles que abonen mensualmente, los incrementos salariales que se vean obligados a otorgar a su personal docente en cumplimiento del artículo 174 de la Ley N° 14.473 o su equivalente en la jurisdicción a que el establecimiento pertenezca. A los efectos previstos en este artículo, se presume, salvo prueba en contrario, que el costo laboral tendrá una participación del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) respecto a la cuota del establecimiento. Este porcentaje será del SESENTA POR CIENTO (60 %) para los establecimientos comprendidos en el Decreto N° 2542/91 y del SEENTA POR CIENTO (70 %) para las escuelas de Educación Especial

 

 

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